Del frijol con gorgojo a la papa con globodera

| 04 Oct 2022 - 09:33hrs

Durante años, Andrés Manuel López Obrador se ha referido al “frijol con gorgojo” como un ejemplo de la política abusiva que entregaba bienes de escaso valor a los pobres a cambio de apoyo electoral. “No vendan su voto, aunque se los lleve la chingada, se queden sin los 500 pesos o la cabrona despensa o el frijol con gorgojo”, exhortó el tabasqueño a los habitantes de Ixtacamaxtitlán, Puebla, el 19 de febrero de 2016, en el marco de la elección de gobernador que se llevó a cabo ese año.

Pues ayer, en el marco del refuerzo del Pacic, el plan del gobierno federal para contener la inflación en productos de la canasta básica, se anunció que se suspenderá toda regulación que impida o encarezca la importación de alimentos y su movilidad por el país, incluyendo los que tienen que ver con la sanidad, dejando la verificación de la calidad de los productos en manos de las empresas importadoras participantes en el acuerdo, “basado en la confianza”.

Es decir, que en el afán de bajar los precios en el sector alimentario —el Pacic 2.0 se propone fijar el precio de la canasta de 24 productos básicos en mil 39 pesos, 8% menos, y mantenerlo así hasta el 28 de febrero de 2023—, el gobierno federal se desentenderá de la vigilancia sanitaria, lo cual podría poner en aprietos el buen historial que tiene México en la materia.

Desde que se anunció el Pacic, en mayo pasado, se eximió de aranceles de importación a los productos contemplados en el programa, entre ellos la papa, cuyo precio por kilo se incrementó de 25 pesos en diciembre de 2021 a 46 pesos en agosto pasado. Sin embargo, ahora, además de la cancelación de aranceles —con la que puede estar de acuerdo cualquiera que apoye el libre comercio y el derecho de los consumidores de elegir lo que compran, como quien esto escribe— se ha pasado a la eliminación de la obligatoriedad de aprobar las inspecciones sanitarias oficiales.

La papa es el quinto producto más consumido en el país —detrás del maíz, trigo, arroz y frijol—, con un promedio anual de 16 kilos por persona. También es un producto que requiere de gran cuidado en su cultivo y manejo, pues son muchas las plagas que pueden afectarla. Entre ellos, la globodera, un gusano que causa un retardo en su crecimiento. El año pasado, productores de papa de República Dominicana reportaron que la importación sin control había provocado el arribo de la plaga al país caribeño.

“México es el quinto país con mejor sanidad e inocuidad, ojalá que esta medida no ponga en riesgo lo que se ha logrado”, me comentó Juan Carlos Anaya Castellanos, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Pregunté al especialista qué le había llamado la atención respecto de la presentación de ayer en Palacio Nacional del llamado Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía. Entre otras cosas, mencionó la ausencia en la reunión de empresas de los sectores lechero, de higiene, azucarero, harinero y aceitero, que sí estuvieron presentes en la de mayo.

Respecto de la prohibición de exportar maíz blanco, que se utiliza para hacer tortillas, me comentó que este año la exportación fue mínima —220 mil toneladas de una producción total de 24 millones de toneladas— y que ya terminó, por lo que el anuncio carece de sentido. Agregó que los acuerdos con los productores de harina de maíz impactarán de manera mínima al precio de la tortilla —la mayor preocupación para López Obrador—, pues 70% de los 10 millones de toneladas que cada año se destinan a ese alimento se procesa mediante el método de nixtamalización.

Nada ha podido hacer el Pacic original para reducir el precio de los alimentos. La mejor prueba de ello es que se haya echado a andar el acuerdo anunciado ayer. A decir de Juan Carlos Anaya, el plan reforzado quizá dé mejores resultados, pues, indica, los márgenes de los distribuidores de los 24 productos son, en promedio, del orden de 60%, “así que el 8% no es nada”. En lo que eso se ve, habrá que cuidar que la dispensa de trámites no se traduzca en una ola de importaciones de bajo precio, pero de mala calidad y/o quejas de las empresas no participantes por discriminación.