Como digo arriba, se trata de preguntar algo cuya respuesta ya se conoce, porque ha sido respondida en múltiples encuestas. Sí, la mayoría de los ciudadanos quiere que soldados y marinos sigan en esas labores, pero no porque lo consideren ideal, sino porque no hay opción. Hace mucho que se abandonó el esfuerzo de construir corporaciones policiacas competentes, que den confianza a los gobernados. Por eso es, en todos los sentidos, igual que ha sido en las consultas anteriores, una pregunta para Perogrullo.

A diferencia de la consulta sobre los expresidentes y de la de “revocación” de mandato, en esta ocasión el Presidente ha decidido prescindir del Instituto Nacional Electoral. Es decir, no será un ejercicio de carácter vinculante. Y, a decir de algunos abogados constitucionalistas que he consultado, puede incluso ser ilegal, pues el gobierno estará haciendo algo para lo que probablemente no esté facultado. Y, como se sabe, la autoridad sólo puede hacer aquello que le permite la ley.

Eso nos lleva al tema del gasto. Como pretexto para no organizar la consulta en los términos que establece la Constitución, López Obradorha dicho que pedir que la organice el INE implicaría mucho dinero. “Nos van a pedir hasta para viáticos”, ironizó. Sin embargo, el secretario de Gobernación anunció ayer que en este “ejercicio participativo” se instalará al menos un “centro” para recabar la opinión de los ciudadanos en cada una de las casi 69 mil secciones electorales del país. ¿Cuánto costará eso y el resto de las actividades para llevar a cabo un ejercicio que nada aportará a los ciudadanos? ¿Está el país para derrochar así decenas o cientos de millones de pesos? ¿Será eso lo que entienden por “austeridad republicana”?

Además, dicha consulta sólo contribuirá a posponer la discusión que realmente debemos tener como mexicanos: ¿cómo lograr los niveles de seguridad que requerimos para la convivencia y el desarrollo económico? Esos nunca se alcanzarán sin la promoción del respeto a la ley y la construcción de instituciones civiles adecuadas. Si nos atenemos a los números, la participación de la Guardia Nacional, el Ejército y la Armada no ha sido suficiente para alcanzar esa meta. Ha sido, en todo caso, un paliativo para enfrentar una situación desesperada.

Por último, esta idea pudiera contener una píldora envenenada. Dado el discurso de descalificación de las instituciones electorales —el INE y el Tribunal Electoral—, no sería extraño que, pasado este ejercicio, el gobierno argumente que las votaciones las puede organizar perfectamente la Secretaría de Gobernación, como sucedía hasta finales de los años 80, y, luego, que el padrón electoral y la credencial para votar son innecesarios, porque ya existen el Registro de Población y la CURP.

Sin embargo, lo que no podrá presumir el gobierno —al menos con las consultas que ha promovido hasta ahora—es su capacidad de generar el interés de la ciudadanía en esos ejercicios. En la consulta a la que mejor le fue, la de “revocación” del mandato, en abril pasado, apenas participó una sexta parte de los inscritos en la lista nominal. Casi cualquier elección en México convoca a más ciudadanos. Y es que preguntarle a Perogrullo no tiene mayor chiste