Bitácora del directorPascal Beltrán del RÃo |
| 31 Ago 2022 - 09:12hrs
Por las buenas o por las malas, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha propuesto someter al Poder Judicial igual que lo ha hecho con el Legislativo.
Y hasta ahora, cuando lo ha requerido, se ha salido con la suya. Ya sea en temas tan graves como presionar a un ministro de la Suprema Corte para obligarlo a renunciar a su asiento, o tan caprichosas, como lograr que el pleno del máximo tribunal le aprobara la realización de una Consulta Popular para preguntar a los ciudadanos si se debe aplicar la ley.
A principios de abril pasado, el tabasqueño lanzó un desafío a los ministros, quienes se disponían a discutir y votar un proyecto sobre una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de la Industria Eléctrica. “No me salgan con el cuento de que la ley es la ley”, les advirtió desde su conferencia mañanera. Eso fue suficiente para que cuatro de ellos se cuadraran y la legislación perviviera.
Por eso era previsible que, ante la posibilidad de que los ministros declaren inconstitucional la prisión preventiva oficiosa —cosa a la que él se opone—, el mandatario arremetiera nuevamente contra sus vecinos de la calle Pino Suárez.
Es decir, no se conformó con expresar que la eliminación de dicha medida cautelar podría poner en libertad a delincuentes y propiciar la impunidad, como hizo la semana pasada. Y tampoco le bastó mandar al secretario de Gobernación a visitar el edificio de la Corte, con lo que eso significa.
“La mayor parte de los integrantes del Poder Judicial no son gentes caracterizadas por la honestidad; o sea, hablando en plata, no resisten cañonazos, no resisten las tentaciones, o son representantes de grupos de intereses creados, no representan al pueblo, desprecian al pueblo; es una vida como artificial, donde el pueblo no cuenta, cuentan todos los intereses, menos el interés del pueblo”, arengó ayer López Obrador.
Hay que aclarar que el proyecto del ministro Luis María Aguilar, que pide declarar inconstitucional una parte de la Carta Magna, no cuenta con el visto bueno de algunos especialistas —como Diego Valadés, quien objeta que la Suprema Corte se convierta así en constituyente—, pero el Presidente de la República no es un opinador, sino encarna uno de los Poderes en los que se divide nuestro sistema de gobierno.
“Si la Corte resuelve de que ya no va a haber esta prisión preventiva y que van a poder salir como entran los delincuentes —agregó López Obrador—, yo respeto la decisión, pero no quiero ser cómplice, no quiero que el día de mañana aquí ustedes me digan: ‘Oiga, ¿y por qué salió de la cárcel este delincuente de cuello blanco?’ Voy a tener que repetir: Pues no fuimos nosotros, fue el juez, fue el Poder Judicial, pues sí, pero ya salió y entonces México sigue siendo el país de la corrupción y de la impunidad, y eso no queremos que suceda, porque nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes”.
Ningún ministro de la Corte apareció para responder a los señalamientos del Presidente, no sólo contra ellos, sino contra los cerca de mil 600 jueces y magistrados del Poder Judicial. Habrá quien diga que fue por prudencia. Si fue así, qué bueno, pero, si a este silencio le sigue una indigna sujeción a los deseos presidenciales, se habrá configurado un nuevo capítulo de concentración de poder que atenta contra la decisión de los mexicanos de vivir en una república.
El país vive tiempos de definición en los que permanecer cruzado de brazos equivale a permitir que se marchiten libertades por las que lucharon varias generaciones. Bien decía Edmund Burke: “Hay un momento límite en el que la paciencia deja de ser una virtud”.
*Ayer varios secretarios de Estado y el dirigente de Morena plantaron a los senadores del partido del gobierno en su reunión plenaria. El desaire, cuyo destinatario fue el coordinador Ricardo Monreal, no fue, como suponen algunos, para no resaltar las aspiraciones presidenciales del zacatecano, sino para escarmentarlo por sugerir que, si se quiere encuadrar a la Guardia Nacional en la Sedena, es indispensable reformar la Constitución.