* Javier Duarte desde prisión

| 03 Mar 2025 - 08:43hrs

Prefacio.
La semana pasada muchos presidentes municipales “corrieron” a construir un “Plan B” para la sucesión municipal. * La confirmación desde el Comité Nacional de Morena, de que ese partido no permitiría la postulación de parientes o personajes cercanos a los actuales alcaldes, obligó a buscar alternativas. * El Partido Verde, en primera instancia, luce como la opción más viable: el pariente no sería postulado por Morena, que de todas formas lo apoyaría por el convenio de alianza. * Si ese no fuera el caso, estaría como “Plan C” el Partido del Trabajo (PT), con menos fuerza -la que sería sustituida con un decidido apoyo desde la presidencia municipal- pero al fin y al cabo aún dentro de la 4T. * No hay más. Lo otro es impulsar una figura nueva, ajena a cualquier lazo de sangre o cercanía evidente, con los riesgos que eso conlleva. * Se caen proyectos caciquiles como como el de Misantla (Javier Hernández Candanedo, que sustituyó a su hermano Othón y pretende heredarle el cargo a su hija); el de Tlapacoyan, donde el alcalde Salvador Murrieta busca perpetuar a la familia en el poder, en la persona de su cuñado (el esposo de su hermana) Jeú Márquez. * Se cae también el proyecto del alcalde de Isla, Gustavo Alfonso Torres, que pretende dejar en su lugar a su esposa, Yesenia Reyes; en Tuxpan, el actual subsecretario de Gobierno (alcalde con licencia) José Manuel Pozos Castro, impulsa a su hijo, José Manuel Pozos del Ángel. * En Cosamaloapan está anotada por Morena Graciela Suárez Mendoza, esposa del actual alcalde Gustavo Sentíes Hernández; en Ciudad Mendoza está siendo impulsada Corazón Palestino Andrade, cuñada del actual alcalde Héctor Rodríguez Cortés. * En Poza Rica, el alcalde Fernando Remes pretendía que lo supliera su hijo, lo que tampoco va a suceder.

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Ya en este mismo espacio se ha ponderado las circunstancias que enfrenta en la actualidad el exgobernador de Veracruz Javier Duarte.
El próximo mes de abril estará cumpliendo ocho años privado de la libertad, luego de que se entregara en el municipio de Panajachel, de Guatemala.
En más de una ocasión, probablemente provocado por tanto tiempo de encierro, Javier Duarte ha emitido mensajes poco afortunados a través de sus redes sociales, medios que ha utilizado para externar su opinión sobre los acontecimientos políticos, particularmente los que se registran en territorio veracruzano.
Es válido. La pena privativa de la libertad que está cumpliendo no le impide (él asegura que lo hace a través de “terceros” que están fuera de prisión) expresarse sobre lo que sucede en el mundo, pues asume que conoce de los temas que habla y habrá a quienes les importe lo que él piensa.
No siempre -sin embargo- lo que opina Javier Duarte tiene alguna relevancia, pues en muchas ocasiones se percibe en sus mensajes una creciente necesidad de comunicarse y evadir de esa manera los efectos de un encierro tan prolongado.
Apenas el año pasado, desde prisión, Javier Duarte se dedicó a promover la campaña de la hoy gobernadora Rocío Nahle, lo que muchos interpretaron como el producto de alguna negociación para ganarse la “voluntad política” que se requiere para obtener su libertad.
Como bien lo hace notar en su más reciente publicación en “X”, Javier Duarte purga una condena de 9 años en prisión, emitida por un juez a partir del acuerdo al que llegó por lo que se conoce como “procedimiento abreviado”, en el que reconoció su culpabilidad en los delitos de “operaciones con recursos de procedencia ilícita” y “asociación delictuosa”.
Le pudo haber ido peor. Inicialmente la PGR (hoy FGR) pretendía imputarle delitos más graves, como “lavado de dinero” y “delincuencia organizada”, lo que le habría significado muchos más años de prisión.
El propio Javier Duarte ha dicho en reiteradas ocasiones -y lo volvió a mencionar en su más reciente mensaje- que él aceptó admitir su culpabilidad “debido a las amenazas que el Estado mexicano hizo en contra de mi familia de no acceder a la condena”.
Conociendo a nuestras autoridades (de las que, en algún momento, formó parte el propio Duarte) no es descabellado que eso hubiera sucedido, pero lo cierto es que el exgobernador no tiene forma de demostrarlo.
Javier Duarte retomó el tema de su situación jurídica a partir de que se reactivaron procesos que inició la Fiscalía General de la República (FGR) contra varios de los que fueron sus colaboradores, a partir de que quien fuera su Tesorero Antonio Tarek Abdalá, fuera utilizado como “testigo protegido” para declarar en contra de ellos.
Sobre ese personaje, Javier Duarte externó también una opinión en fechas recientes:
“Los cobardes son capaces de hacer o decir cualquier estupidez aunque traicionen los principios éticos y morales más elementales a cambio de salvar su pellejo, los Yunes son un claro ejemplo de esto, otro es Tarek Abdalá quien gracias y únicamente a sus dichos (imposibles de comprobar su veracidad ya que no existe un sólo documento o dato de prueba que respalde sus acusaciones) es testigo protegido de la FGR y, por lo tanto, las autoridades judiciales y algunos medios de comunicación toman su palabra como una verdad absoluta, gozando además de total impunidad a pesar de haber confesado su participación en la comisión de delitos en los que por ley él es el único responsable”.
El problema es que, al pretender justificar la actuación de los servidores públicos que trabajaron durante su administración, Javier Duarte erró el camino y pretendió exonerarlos a partir de una falsa premisa.
“La inmensa mayoría de los millones de pesos de recursos federales que acusan a mis funcionarios de haber desviado no es porque los hayan sustraído del erario público, simplemente es porque fueron utilizados para otros fines públicos, que entiendo eran prioridad para el buen funcionamiento de la administración pública estatal, y que eran distintos de lo que estaban etiquetados, como lo fueron el pago de la nómina magisterial, el pago en materia de seguridad pública o el pago del subsidio a las pensiones de los trabajadores jubilados, entre otros muchos conceptos públicos, por lo que personalmente considero que esto en ningún caso debería tomarse como un robo al erario público”, escribió.
En principio, esos actos por los que están siendo enjuiciados sus excolaboradores si están considerados como ilícitos en el Código Penal Federal, en su artículo 217, fracción III: “El servidor público que, teniendo a su cargo fondos públicos, les dé una aplicación distinta de aquella a que estuvieren destinados o haga un pago ilegal”.
Además, hay que tomar en cuenta que su gobierno, cada mes de diciembre, sometió a la aprobación del Poder Legislativo local un Presupuesto de Egresos, en el que estaban considerados y detallados, los recursos para “el pago de la nómina magisterial, el pago en materia de seguridad pública o el pago del subsidio a las pensiones de los trabajadores jubilados, entre otros muchos conceptos públicos”.
¿Por qué habría, entonces, de tomar recursos que estaban destinados a otros rubros?
Los delitos están ahí. Falta que la Fiscalía sea capaz de comprobarlos, respetando el debido proceso.

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Epílogo.
Concluyó este domingo el registro de aspirantes a presidentes municipales en el PRI. Durante tres días la sede estatal del tricolor recuperó su ambiente festivo y su buen ánimo. * Hay figuras destacadas con muchas posibilidades de obtener la victoria. Destacan Hugo Chahín en Orizaba, Cirilo Vázquez en Cosoleacaque, Guillermo Guevara, en Altotonga, y Vinicio Ascencio en Perote. * En el sur de la entidad se percibe la molestia de ganaderos que se sienten ignorados por la actual administración estatal, por el simple hecho de no estar agremiados a la Unión Ganadera Regional que encabeza Isaac Velasco García. * Productores de ganado del sur, pertenecientes a otras organizaciones, denuncian que no son tomados en cuenta y que todas las acciones del gobierno estatal son conducidas a través de la familia Velasco. * Advierten que esa familia ha creado un mercado negro con el tráfico de aretes para el ganado. “Hay una mafia entre la Unión Ganadera Regional y la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), que monopolizan las estrategias para combatir la corrupción en el tráfico de aretes, el blindaje contra el gusano barrenador y la protección de la Zona A del Estado”, denuncian.

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