Exdirector del Ilustre de Veracruz, lleva casi 5 años impune

Cobraba miles de pesos que presuntamente se habrían ido a sus cuentas bancarias y no recibió ninguna sanción

Xalapa - Exdirector del Ilustre de Veracruz, lleva casi 5 años impune / Ángeles González Ceballos

Xalapa | 17 Mar 2025 - 15:03hrs

A casi cinco años de haber sido destituido como director del Ilustre Instituto Veracruzano y de haber cometido presuntos actos de corrupción en contra de más de mil estudiantes, Guillermo Cinta Garrido sigue impune.

Padres de familia quienes tuvieron a sus hijos en la institución de educación del puerto de Veracruz recordaron que además de la corrupción, el exdirector en la administración de Cuitláhuac García Jiménez, cometió actos de extorsión durante los tres años al frente del Ilustre.

Hay que recordar que luego se decenas de quejas y denuncias, la Dirección General de Bachillerato (DGB) de la Secretaría de Educación, auditó la gestión del servidor público, pero sólo eso y nunca fue sancionado.

Los padres de familia quienes emitieron sus nombres, refirieron que se inició una investigación por parte de la DGB porque Cinta condicionaba la inscripción a los alumnos, si no cubrían los pagos extraoficiales que les exigía cada semestre.

Cuando los auditores revisaron la situación se encontraron con que Cinta había diseñado todo un sistema de generación de recursos a su favor, principalmente mediante cobros indebidos que iban a parar directamente a sus cuentas bancarias personales.

Entregaron fotos del plantel totalmente abandonado que ponen en riesgo a los estudiantes.

El exdirector cobraba a cada uno de los mil alumnos, 350 pesos por cuota de mantenimiento, apoyo escolar e intendencia, conceptos injustificados toda vez que el plantel tiene intendentes que reciben su salario del gobierno del Estado.

En números redondos, de esto percibía unos 350 mil pesos.

También los mil estudiantes debían pagar 150 pesos cada uno por cuota de seguridad, sin que se justificara a quién había contratado para que diera el servicio de seguridad o vigilancia.

Multiplicada por mil, ello arroja 150 mil pesos.

Igualmente, era dueño de un servicio de fotocopias, papelería e internet que colocó dentro de las instalaciones oficiales, monopolio desde donde cobraba precios exagerados y lo mantenía enlazado con supuestos servicios que había creado para que el negocio fuera más productivo.

Les cobraba 10 pesos por formato OVH (10 mil pesos), el cual debe ser siempre entregado por el plantel para que el alumnado realice en el banco los pagos de exámenes o inscripciones.

Tal formato lo vendía el servicio de fotocopias.

También les vendía 3 formatos y un folder, llamados “paquete de inscripción”, material que era producido en su negocio de fotocopias y vendido en 60 pesos (60 mil pesos), cuando en cualquier fotocopiadora tendría un costo normal de 6 pesos.

A los alumnos de sexto y último semestre, les cobraba 480 pesos a cada uno por concepto de “entrega de papeles y ceremonia de graduación”, cobro injustificado, no autorizado por las autoridades ni aprobado por los padres de familia, y cuyo destino era desconocido por estos, ya que no se reflejaba en el evento de graduación.

Cuando los auditores constataron la extorsión a que eran sometidos los estudiantes, procedieron a levantar un acta circunstanciada, misma que fue firmada por el jefe de la Oficina de Supervisión, licenciado José Gonzalo Martínez Melo y por el propio Guillermo Cinta Garrido, acompañado éste por sus testigos.

Ese fue el fundamento para que la Dirección General de Bachillerato ordenara la destitución de Cinta Garrido con efectos al 14 de febrero de 2020.

Sin embargo, luego de ser cesado como director, promovió que profesores de su sindicato tomaran la escuela para apoyarlo, con el argumento de que la escuela le debía dinero y porque fue cesado abruptamente sin dejarlo esperar al relevo del nuevo director.

Los datos, firmas y las imágenes obran en el expediente oficial de la auditoría.

Por todo lo anterior, los padres de los estudiantes quienes fueron extorsionados, piden que se haga una investigación exhaustiva que derive en responsabilidades penales, toda vez que se habría llevado varios miles de pesos y no es justo que no pague.