El crimen, barrenador de los municipios

| 13 May 2025 - 08:34hrs

En los años ochenta, los ayuntamientos fueron trincheras de la oposición y ventanas hacia la democratización, pero hoy se han convertido, por su fragilidad institucional, en el eslabón más débil de la cadena y, por ende, en presa fácil para las garras del crimen organizado.

En aquella década, la figura del regidor se erigió como un faro de esperanza para las fuerzas políticas que luchaban por abrirse paso en un sistema de partido hegemónico. Los municipios, con sus elecciones más cercanas a la ciudadanía, ofrecieron un espacio donde el pluralismo pudo germinar y donde voces disidentes encontraron representación. Fue un lento pero constante avance hacia una mayor inclusión política, un respiro democrático que alimentó las expectativas de un futuro más abierto y participativo.

Hoy, la perspectiva es desoladora. La debilidad institucional que aqueja a muchos ayuntamientos los ha transformado en zonas dominadas por el miedo, donde la delincuencia impone sus reglas. La imposición de candidatos, a través de la intimidación y la violencia, se ha normalizado en algunas regiones, erosionando la esencia de la democracia.

Ayer, el país accedió al pluralismo político por la puerta de los municipios. Hoy, por ese camino, perdemos la democracia misma. Aspirantes legítimos, con el deseo genuino de servir a sus comunidades, se ven forzados a abandonar sus aspiraciones ante la amenaza palpable que se cierne sobre ellos y sus familias.

El caso de Veracruz es un ejemplo crudo y reciente de esta tragedia. En un lapso de sólo 12 días, la vida de dos candidatos a alcaldes fue brutalmente segada, mientras que varios más se han visto obligados a renunciar a sus legítimas aspiraciones. Estas acciones no sólo siegan vidas, sino que también mutilan la voluntad popular y socavan la confianza en el proceso democrático. El mensaje es escalofriante: quien no se alinea con los intereses del crimen, paga un precio muy alto, hasta con su vida.

Pero esa amenaza es apenas el inicio de la plaga que aqueja al país. El fin último es la infiltración de los gobiernos municipales, la cual permite a los grupos delincuenciales expoliar la actividad económica legal, sin que las autoridades locales intervengan, y lanzar un asalto sobre los recursos públicos de los ayuntamientos, que, todos juntos, deben sumar unos 700 mil millones de pesos anuales, si se cuentan las cerca de dos mil 500 demarcaciones.

Los señalamientos recientes contra diversos alcaldes –como los de Teuchitlán, Jalisco; Cuautempan, Puebla, y Cuautla y Atlatlahucan, Morelos– por sus presuntos nexos con el crimen son campanadas de alerta que resuenan en todo el país.

¿Cómo puede garantizarse la seguridad y el bienestar de los ciudadanos cuando quienes ostentan el poder local están, presuntamente, al servicio de intereses criminales?

Es fundamental reconocer que esta problemática no es aislada ni exclusiva de una región en particular. Si bien algunos estados sufren con mayor intensidad esta embestida de la delincuencia, la debilidad institucional a nivel municipal es un problema estructural que requiere atención urgente y coordinada por parte de los tres órdenes de gobierno.

 Se necesitan fortalecer las capacidades de los ayuntamientos, dotándolos de herramientas para resistir la presión y la corrupción. Es imprescindible reformar los mecanismos de selección y fiscalización de candidatos, implementando filtros más rigurosos que impidan el acceso al poder de personas vinculadas a la criminalidad. Asimismo, se requiere una mayor coordinación entre las autoridades federales y estatales para garantizar la seguridad de los candidatos y de los funcionarios municipales que se atreven a enfrentar a la delincuencia.

El país no debe permitir que los ayuntamientos se conviertan en bastiones de los criminales. La defensa de la democracia exige que recuperemos estos espacios para la ciudadanía, garantizando elecciones libres y seguras, y fortaleciendo las instituciones locales para que puedan cumplir su función esencial al servicio de la comunidad. El silencio y la inacción no son opciones; el futuro de nuestra democracia se juega, en gran medida, sobre la integridad de nuestros municipios.