Ciudad de México - ONG exigen a Sheinbaum priorizar la búsqueda por desapariciones. Proponen un mecanismo internacional. / Agencias Noticias
Ciudad de México | 03 Oct 2024 - 09:12hrs
Organizaciones no gubernamentales propusieron a la presidenta Claudia Sheinbaum la creación de un mecanismo híbrido de justicia en materia de desapariciones, conformado por actores nacionales e internacionales, tras señalar que esta problemática está inserta en una grave crisis de derechos humanos permeada por una impunidad activa.
La Red Universitaria para Los Derechos Humanos de Estados Unidos (University Network for Human Rights, UNHR) y el centro de análisis Fundar presentaron este miércoles el informe “Las desapariciones en México: Impunidad activa, y obstáculos en materia de justicia y búsqueda”, en el contexto de la conmemoración del 2 de octubre.
Tras destacar que a la fecha al menos 115 mil 275 personas están desaparecidas de acuerdo con el registro nacional, las organizaciones aseguran que este fenómeno constituye el desafío más grave en materia de derechos humanos que enfrentará la nueva presidenta de México.
El tema de los desaparecidos no fue abordado por Sheinbaum en su discurso de toma de posesión, hizo notar Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Tlatelolco, entrevistado por Carmen Aristegui el pasado 1 de octubre.
El informe
Un día después de que Sheinbaum tomara protesta como nueva mandataria, UNHR y Fundar presentaron un análisis actual de la situación en México, con énfasis en los desafíos para tener acceso a la justicia, principalmente en lo relacionado con investigación y búsqueda.
“En el contexto de impunidad que impera en México, llamamos a la creación de un mecanismo híbrido de justicia en materia de desapariciones, conformado por actores nacionales e internacionales”, plantean las organizaciones.
Señalan que, desde hace casi dos décadas, el país está inmerso en una profunda y severa crisis en materia de derechos humanos, que deriva principalmente de la violencia asociada a la estrategia de seguridad militarizada y al combate en la llamada “guerra” contra el narcotráfico.
“La crisis se ha agudizado por la impunidad activa y la falta de respuesta efectiva del Estado para enfrentarla. Este complejo fenómeno constituye el desafío más grave en la materia que enfrentará la nueva presidenta de México. A la fecha, al menos 115,275 personas se encuentran desaparecidas de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO); de ellas, aproximadamente el 85% ocurrieron a partir de diciembre de 2006”, exponen las organizaciones.
La Red Universitaria para Los Derechos Humanos surgió hacia el final del año académico 2017-2018, a partir de una colaboración informal entre estudiantes de la Universidad de Stanford, en California, y actualmente apoya organizaciones de todo el mundo estableciendo programas de capacitación en la materia.
Los profesores y supervisores que la integran imparten seminarios sobre defensa de los derechos humanos en las principales casas de estudio estadunidenses, así como en América Latina y Europa.
Conclusiones
La ONG mexicana Fundar y UNHR identificaron la existencia de un marco institucional permisivo de la perpetuación de dinámicas de violencias y violaciones a los derechos humanos que ha llevado a una “impunidad activa”.
Esta, aseguran, no deriva únicamente de la ausencia de capacidades de las instituciones, sino de “una estructura de intereses que se benefician de la manipulación del proceso de la aplicación de la ley”.
El informe analiza el fenómeno de desapariciones en México a la luz de este fenómeno, que –además de permear la respuesta estatal– afecta su administración e impartición de justicia, y reproduce e incentiva la comisión de estos crímenes.
“En este escenario, evidenciamos la falta de voluntad estatal en la búsqueda e investigación, donde las víctimas y familiares se enfrentan a un sinnúmero de desafíos estructurales y sistémicos en el acceso a la justicia en los tres niveles de gobierno, que se acentúan en un marco de actuación estatal caracterizado por una complicidad entre autoridades y delincuencia organizada.
“La inacción y falta de capacidad del Estado ocasiona que las y los familiares de personas desaparecidas se vean obligados a asumir los deberes del Estado en materia de investigación y búsqueda —ya sea de manera individual o colectiva, y con impactos agravados y diferenciados para las mujeres. Quienes, no solo padecen el trauma de la desaparición y la ruptura que este crimen ocasiona en todos los ámbitos de su vida, sino que se convierten en víctimas directas de la discriminación sistemática que impera en las instituciones del Estado”, aseveran en las conclusiones del informe.
Mecanismo híbrido
Las organizaciones urgen a la creación de un mecanismo híbrido de justicia en materia de desapariciones, conformado por actores nacionales e internacionales.
"Esta propuesta se basa, en términos generales, en el estudio realizado en 2021 por Anaya, Cavallaro y Cruz Marín, que propone la creación de un mecanismo extraordinario para combatir la impunidad en México. Dicho estudio fundamenta su propuesta en el exhaustivo análisis sobre las buenas prácticas y las lecciones aprendidas de cuatro modelos de supervisión internacional: el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para esclarecer el caso Ayotzinapa (GIEI-Ayotzinapa); la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, establecida con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas (CICIG); la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, creada con el apoyo de la Organización de Estados Americanos (MACCIH), y la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES)”, detalla el informe.
“A fin de que asegurar la efectividad de un mecanismo externo de justicia en materia de desapariciones, debe cumplirse, al menos, con los siguientes elementos:
Mandato enfocado en coadyuvar en las investigaciones en la materia, incluyendo también la facultad de iniciar y realizar investigaciones motu proprio;
Colaboración con un organismo internacional, como la ONU o la OEA;
Amplio consenso entre distintos actores nacionales e internacionales para su creación;
Establecimiento formal mediante ratificación de un tratado internacional por parte del Senado;
Implementación de mecanismos que garanticen una efectiva actuación155, y
Involucramiento en las adopción de normativas o de políticas públicas en la materia156.
“Su establecimiento permitiría contar con la labor de personal técnico con reconocimiento internacional, y con el entendimiento de la normativa, procedimientos y contexto mexicanos por parte de las autoridades nacionales respectivas.
“La iniciativa, a su vez, responde a las inquietudes de diversos sectores sobre el involucramiento exclusivo de instituciones internacionales en la administración de justicia en México”, dice Humberto Guerrero, coordinador de Derechos Humanos de Fundar.
“Ante la falta de respaldo y confianza por parte de la sociedad y las víctimas en la labor del Estado, las investigaciones realizadas por un mecanismo internacional, pero en colaboración con autoridades nacionales, pudieran contar con una mayor legitimidad”, añadió.
“Este mecanismo híbrido ofrece una clara alternativa para alcanzar justicia por parte de miles de víctimas y familias en México. Sin este, la justicia y verdad de estas personas se encuentra subordinada a poderes de facto —como el poder político, la delincuencia organizada y las Fuerzas Armadas en México”, dijo a su vez Sofía Galván, asesora senior de UNHR, de acuerdo con el comunicado conjunto.
“La actual presidenta de México tiene una invaluable oportunidad para el establecimiento de acciones dirigidas a dar un tratamiento digno, respetuoso de derechos y que se basen en los mayores estándares de protección”, dicen UNHR y Fundar, las cuales urgen a la administración entrante a reconocer la magnitud de la problemática.
“De igual manera, llamamos a que Claudia Sheinbaum presente lo antes posible una estrategia clara para poder enfrentar una situación que demanda un tratamiento prioritario e impostergable”, concluyen.
